El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el anteproyecto de Ley del Teatro Real. De esta forma, el Teatro Real tendrá su propia ley al igual que otras grandes instituciones culturales españolas como el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España.

La Ley se divide en seis capítulos que regulan las particularidades del Teatro Real, desde la naturaleza, el régimen jurídico, los objetivos o la sede de la Fundación del Teatro Real; hasta su organización, el régimen de personal, patrimonial, de contratación, presupuestario y económico-financiero. La Fundación del Teatro Real mantiene su configuración de fundación del sector público adscrita a la Administración General del Estado (AGE). Además de la AGE, se reconoce a la Comunidad de Madrid como administración fundadora y al Ayuntamiento de Madrid como administración colaboradora.

Además, regulará las peculiaridades propias y necesarias para que el Teatro Real desarrolle de forma óptima los objetivos para los que fue creado, es decir, la promoción, el impulso y la difusión de las artes líricas, musicales y coreográficas. El funcionamiento de un organismo como el Teatro Real cuenta con unas necesidades específicas que encuentran, en ocasiones, difícil encaje en la normativa general. De ahí la necesidad de adecuar la gestión de un teatro de ópera moderno a las exigencias y el dinamismo de las artes escénicas contemporáneas a nivel europeo y global.

La nueva Ley del Teatro Real establece un marco de contratación laboral adecuado a las circunstancias de las producciones artísticas, sobre todo, la relativa a la relación especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares, garantizando su estabilidad en el empleo.

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